El Derecho y la lucha contra la delincuencia.

No es raro que en las prácticas cotidianas de las corporaciones policíacas y el ejercito, en su afanosa guerra contra el “crimen”, sean violados los Derechos Humanos, Civiles y hasta Políticos, prácticas que aceptan la mayoría de los ciudadanos, dado a que casi todos sin excepción hemos sido victimas de los delincuentes en cualquiera de sus modalidades.

De tal manera, que ante la impotencia del ciudadano frente a la delincuencia, causada por la deficiente labor de los cuerpos de seguridad publica y de procuración de justicia, la aparición de líderes políticos que prometen mano dura, asemejan una simbiosis; es decir la llegada de los “duros” al poder por la vía del voto mayoritario, se da ante lo incontrolable de la delincuencia por las instituciones de Estado.

Los “duros”, recurren regularmente a la violación de la Ley, para imponer la Ley, es decir caen en la contradicción; ellos piensan que el orden tiene una jerarquía superior a la justicia, y las Leyes que obstaculicen la imposición del orden, pueden y deben ser abrogadas en forma tácita o explícita.

La libertad de transito, la libertad de expresión, la inviolabilidad de la privacidad, el derecho a ser sometido a un juicio justo, el respeto a la integridad física de cualquier ciudadano incluidos los delincuentes, etc., son derechos colectivos de los ciudadanos, y que en cierta medida lo aprovechan también los delincuentes para facilitar sus actividades.

Sin embargo, no podemos recurrir al Estado de Excepción, al habeas corpus, y otras prácticas de los “duros” en aras de recuperar la seguridad, sin el riesgo de ir formando poderes fácticos o gubernamentales autocráticos y un Estado Autoritario.

Recurriendo a la historia como única fuente con relativa certeza sobre los acontecimientos que han marcado el desarrollo y ruta de las sociedades, podemos extrapolar situaciones pasadas, (guardado las debidas proporciones), para ilustrar una circunstancia actual; como ejemplo de extrapolación recurriré al siguiente, para después argumentar la idea central del escrito.

Cuando en Perú, se decide perseguir hasta la llegar a la captura de Abigael Guzmán, se desato una guerra de terror por parte del grupo sendero luminoso, organización guerrillera que este encabezaba, con fuertes nexos con el narcotráfico.

Coches bomba en estaciones de policía, asesinato de fiscales, jueces, alcaldes, funcionarios públicos y secuestro de personas adineradas para cambiarlos por otros guerrilleros convictos, fue una constante en esta guerra.

El grupo denominado sendero luminoso en alusión a una frase de José Carlos Mariátegui; grupo que inicialmente fue una organización política del tipo maoísta, fue transformándose paulatinamente, hasta que llego a ser una de las organizaciones armadas mas violentas de las que se tenga registro en América.

Su objetivo, llegar al gobierno, se fue combinando con la protección a sembradores y traficantes de drogas, quienes gozaban de libre transito y protección en las zonas que controlaba Sendero Luminoso. Esta actividad les daba una fuente de recursos casi inagotable, y equipamiento de armas.

Convirtiéndose a la postre en la principal actividad de este grupo, quien buscaba desestabilizar el gobierno mediante acciones militares contra infraestructura básica como carreteras, líneas de electricidad, gaseoductos, líneas telefónicas entre otras, y atentados contra personas claves del régimen, y al mismo tiempo generaba una psicosis colectiva ante la imparable violencia que se vivía en ese País.

El gobierno peruano, ciertamente después de muchos años llego a la captura de los principales lideres Senderistas, pero usando tácticas que estaban al margen de la Ley y violatorias de los derechos humanos; crearon grupos paramilitares bautizándoles con el nombre de grupos de autodefensa, detenciones masivas, torturas, desapariciones forzadas, ajusticiamientos y ejecuciones, que si los ponemos en perspectiva eran los mismos métodos usados por los insurgentes.

Los “duros” peruanos encabezados en su ultima etapa por Alberto Fujimori, ultimaron a la guerrilla y también buena parte de la oposición política, terminaron siendo un poder hegemónico en el País Andino, que estuvo marcado por la corrupción, la impunidad, la riqueza inexplicable de gente ligada al régimen y el crecimiento exponencial de la pobreza, acciones que solo pueden llevarse a cabo en regimenes “no democráticos” los que existen sin contrapeso ni político y mucho menos revolucionario.

Tome como referencia el ejemplo peruano, aunque existen muchas similitudes con la “guerra sucia” que se vivió en México en décadas pasadas, el nexo de la guerrilla mexicana con el narcotráfico nunca se ha probado.

Cerrando el paréntesis histórico, y observando el escenario político nacional de la actualidad, hago la siguiente reflexión: Cuando se decide iniciar una guerra (cualquiera que sea la connotación) se sabe de ante mano que habrá un costo; digo lo siguiente por que cuando, el gobierno de la Republica decidió iniciar una lucha frontal contra el crimen organizado, se esperaba una reacción de estos grupos delictivos, que buscarían intimidar, hostigar y repeler dichas acciones para que se detuvieran.

Sin embargo, vemos como la violencia generada por los carteles del narcotráfico, muy a pesar de los “mega operativos” sigue cobrando vidas humanas, los secuestros, robo de autos y un sin fin de actividades delictivas parecen no tener fin, y los ciudadanos seguimos perdiendo en la practica la vigencia de nuestros derechos, no a manos de los delincuentes, sino del propio gobierno.

Por el otro extremo tenemos a la Gobierno Federal que en aras de mantener el orden, en forma reiterada ha violado los derechos humanos de ciudadanos Oaxaqueños y de San Salvador Atenco, mismo que están documentados y certificados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ordeno la reclusión de Flavio Sosa, en un penal de máxima seguridad, siendo este un líder político, y el traslado de los presos políticos Oaxaqueños a Nayarit, etc.

Por otro lado tenemos al ejército realizando tareas de combate al narcotráfico cuando la Constitución no le confiere esas atribuciones, las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de que habrá casos que se puedan hacer cateos sin mediar orden de un juez. Etc.

Viendo las dos opciones, cada día me convenzo que la Republica Democrática tiene dos grandes enemigos, por la vanguardia la delincuencia y por la retaguardia a los “duros”, que ambos son un peligro para México.

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